La salud es un derecho humano reconocido en textos normativos internacionales y locales. Nuestro sistema de protección de la salud está estructurado a través de la existencia de obras sociales, de carácter sindical y no sindical y empresas de medicina prepaga.

Existe una Superintendencia que, como órgano gubernamental, debe ejercer el control de las obras sociales y empresas de medicina prepaga. La realidad es que, ante casos complejos y de alto costo económico, muchas obras sociales y empresas de medicina prepagas ponen límites a las coberturas que requiere el afiliado, ya sea por un problema en su salud de carácter transitorio o permanente.

En estos casos, aparece la necesidad de acudir a la consulta en nuestro Estudio, pues el derecho a la salud tiene reconocimiento constitucional y convencional, y la normativa que el poder Legislativo dictó es, a veces, insuficiente y contradictoria. Por ello, es necesario que un analista jurídico revise el caso concreto a la luz de los principios constitucionales y convencionales para darle amparo judicial a la necesidad del ser humano que está atravesado una patología. El caso de las personas con discapacidad es un claro ejemplo, pues por ley las prestaciones que ordenan los médicos tratantes deben ser cubiertas en un 100% por la obra social o empresa de medicina prepaga, si se niegan a hacerlo, es necesario acudir a la Justicia para que los obligue a dar cumplimiento con la protección integral que todo ser humano requiere desde la mirada del derecho a la salud.

Nuestro Estudio tiene amplia experiencia en esta área del derecho, por lo cual ofrecemos el servicio de recursos de amparo y medidas cautelares cuyo objeto sea la protección de la salud.

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